No se puede alcanzar la cobertura universal de calidad si los sistemas de salud de un país no son sostenibles. A menudo, los recursos financieros de los gobiernos suelen ser insuficientes para cubrir las demandas cada vez mayores de la población. Cómo enfrentar esta brecha de recursos se ha convertido en un tema universal que ocupa las agendas de política pública de todos los países.

Sin la conexión humana, que permite descubrir los pequeños detalles para poder resolver grandes problemas, la medicina es incapaz de cumplir el propósito para el que fue creada. No en vano cuenta la leyenda que el doctor Gregorio Marañón, renombrado científico español, consideraba que el mejor avance para la medicina era la silla, que acerca físicamente a los pacientes para poder escucharlos.

¿A qué nos referimos cuando hablamos de gobernanza de los sistemas de salud? El consenso sobre su definición apunta a un conjunto de reglas, instituciones y políticas a través de las cuales se dirige su funcionamiento, se regula la participación de los diversos actores y se utilizan los recursos disponibles para garantizar a toda la población cuidados de salud de calidad.

En América Latina y el Caribe las enfermedades crónicas van en aumento, el envejecimiento de la población acrecienta la demanda por servicios de salud y en algunos países no terminamos de ganar la lucha contra enfermedades como la malaria o la tuberculosis. Sin embargo, como ningún país del mundo tiene la capacidad de financiar todas las intervenciones en salud, ¿cómo pueden los gobiernos determinar cuáles sí pueden garantizar a su población?

Agencias reguladoras de tecnologías sanitarias del mundo entero reciben continuamente solicitudes para la comercialización de nuevos medicamentos y otras tecnologías en sus países. Con la globalización, los avances tecnológicos y la innovación, y el surgimiento de nuevos tipos de tratamientos, tales como productos biológicos, biosimilares y terapias celulares y génicas, el volumen y la complejidad de esas solicitudes se han disparado. Esto aumenta la presión sobre la mayoría de las agencias reguladoras nacionales. Por ejemplo, en Brasil la Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) recibe cada año alrededor de 1000 solicitudes de aprobación de nuevos medicamentos.

La salud universal es una de las principales metas y prioridades de desarrollo para los países. ¿Significa esto que los gobiernos deberían costear todos los medicamentos y servicios de salud requeridos por la población? ¿Cómo pueden cumplir esta expectativa con recursos limitados y necesidades crecientes? ¿Cómo deciden quién y cómo se prioriza?

Las continuas innovaciones farmacéuticas han contribuido significativamente a mejorar la salud, el pronóstico y la calidad de vida de millones de personas. El número de medicamentos nuevos aprobados por la Food and Drug Administration (FDA, por sus siglas en inglés) ha aumentado regularmente desde su creación, tendencia que se refleja a nivel global y que posicionó a 2017 como un año récord.

Lograr la cobertura de salud universal y asegurar el acceso a servicios esenciales de calidad es uno de los pilares que conforman los ambiciosos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero obtener más recursos para los sistemas sanitarios no será suficiente para lograrlo si los fondos disponibles no se utilizan de manera más equitativa y eficiente.

A medida que la tecnología de la salud avanza, cambian también las formas en que estas tecnologías se evalúan y se aplican al ámbito público para asegurar la efectividad. La Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETS), en particular, es un proceso sistemático y técnicamente robusto que examina una tecnología sanitaria (a menudo nueva) desde distintas perspectivas. Utilizando la evidencia disponible y equilibrando luego los distintos resultados, positivos y negativos, la ETS elabora una recomendación de política pública. Su principal propósito es orientar políticas públicas de salud a nivel nacional, regional o local. Las decisiones que se toman para el efecto pueden guardar relación con la adquisición, el financiamiento o el uso adecuado de tecnologías sanitarias y también con la desinversión en tecnologías obsoletas o inefectivas.